Las consecuencias del conflicto armado colombiano son comúnmente asignadas a las fuerzas armadas al margen de la ley; una gran parte de la sociedad parece estar de acuerdo con que ellas son las responsables por el dramático escenario de violencia que permea al país desde hace décadas. Sin embargo, al considerar la bilateralidad que caracteriza a cualquier tipo de conflicto, se evidencia la contribución al estado de violencia no solo por parte de las fuerzas armadas al margen de la ley, sino también por aquellas dentro de la ley; a saber: las Fuerzas Militares, depositarias legítimas de las armas. En otras palabras, aunque la coacción ejercida por las Fuerzas Militares se justifique en la violencia primera ejercida por los grupos armados al margen de la ley, no deja de ser violencia; causa igualmente perjuicios y ocasiona muertes.

El presente texto se propone evidenciar los mecanismos discursivos empleados en Colombia para legitimar las muertes ocasionadas por los miembros de las Fuerzas Militares en servicio activo. Específicamente, se da cuenta de los mecanismos jurídico-discursivos empleados por el Estado para permitir que los miembros de las Fuerzas Militares maten a los miembros de las fuerzas disidentes en combate, de manera legal.