Frente al creciente interés que múltiples y heterogéneos actores han concentrado en la violencia en las escuelas en los últimos años, es apremiante examinar una vía que diferentes países de nuestra región han emprendido para abordar este complejo fenómeno. Se trata de las políticas y programas públicos que han sido formulados con el propósito central de prevenir, atender y erradicar dicha violencia de las instituciones educativas así como de aquellas otras políticas y programas que a la luz de objetivos diferentes han llegado a ella, inclusive, antes de que la violencia escolar fuese considerado una de las principales amenazas de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Entre ese universo de políticas y programas públicos que han incorporado en sus diagnósticos, objetivos específicos, estrategias y/o líneas de acción sobresalen, por ejemplo, aquellas que buscan prevenir la violencia hacia las mujeres, erradicar la violencia de género, promover los derechos humanos, institucionalizar políticas educativas, impulsar el derecho a la educación, eliminar la discriminación y la exclusión social; como también aquellas que abordan de forma integral a poblaciones específicas como las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Como bien ha documentado la investigación académica, estos caminos son diversos y ya desde ahí se muestra la complejidad del fenómeno a estudiar dado que cada uno de ellos ha sido conformado a la luz de la participación de múltiples actores y también desde discursos que parten de visiones diferentes sobre lo que es la violencia escolar, qué la ocasiona, qué provoca y, en consecuencia, cómo se puede abordar.