Los hechos de violencia contra la población civil ocurridos desde el 28 de abril de 2021 en distintas ciudades de Colombia, originados por la Policía Nacional y el Escuadrón Antidisturbios (Esmad), surgieron como consecuencia de una gran movilización ciudadana que, además de rechazar un proyecto de reforma tributaria que atenta contra la economía nacional y la sobrevivencia de las familias, evidencian el hartazgo colectivo frente a la ausencia de políticas para implementar el Acuerdo de Paz, garantizar una renta básica a los sectores más vulnerables, evidentemente golpeados por la pandemia, y apoyar a las poblaciones cuyos territorios continúan afectados por el conflicto armado, entre otros.

A la fecha, según denuncias de varias organizaciones de Derechos Humanos, a lo largo de cinco días de movilizaciones, la fuerza pública es presuntamente responsable de 31 homicidios de manifestantes, 216 víctimas de violencia física, 21 personas afectadas por agresiones oculares, 77 casos de disparos de armas de fuego, 10 víctimas de violencia sexual y 814 detenciones arbitrarias. Uno de los hechos más dolorosos, registrados en tiempo real a través de medios sociales, fue el uso de violencia armada que, de manera sistemática y deliberada, fue ejercida presuntamente por miembros de la Policía Nacional contra jóvenes (entre ellos un niño de 11 años) desarmados e inermes en la ciudad de Cali la noche del 3 de mayo de 2021. Estas acciones han sido ejecutadas con patrones similares contra jóvenes de Bogotá, Medellín, Pereira, Bucaramanga, Madrid (Cundinamarca) y Facatativá (Cundinamarca), entre otros municipios. Como respuesta a estos actos de violencia estatal, en lugar de buscar una salida al conflicto social, el Gobierno Nacional ordenó militarizar las ciudades y está considerando declarar la conmoción interior.

Como se puede observar, nos encontramos ante una violación contundente y sistemática de los Derechos Humanos de los colombianos, especialmente de aquellos que han ejercido el derecho a la protesta, situación que a todas luces contradice la Constitución Política, los principios del Estado de Derecho y las orientaciones emanadas de declaraciones y tratados internacionales. Por esta razón, como comunidad de profesores del Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, rechazamos todas las expresiones de violencia, especialmente aquellas que proceden de la fuerza pública, cuya obligación es proteger a la ciudadanía. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que ordene a la Policía Nacional el cese de las acciones violentas contra la población civil e inicie las investigaciones a las que haya lugar para que se establezca la responsabilidad de integrantes de esta entidad contra manifestantes y transeúntes víctimas de su proceder. Asimismo, pedimos el retiro del Esmad de las manifestaciones ciudadanas, pues, como se ha demostrado en ciudades como Tunja y Cartagena, si este no está presente en las movilizaciones, no surge violencia alguna por parte de quienes participan de estas actividades. Por último, consideramos que es necesario desmilitarizar las ciudades y rechazar la idea de sectores políticos que buscan profundizar la violencia por medio de la justificación a la respuesta armada de la policía, así como de una eventual declaratoria de conmoción interior.

De esta manera, acompañaremos las reflexiones, deliberaciones y expresiones de solidaridad de nuestros estudiantes frente a estos trágicos hechos, desde nuestros espacios académicos, teniendo en cuenta que, en calidad de profesores, estamos obligados a defender la democracia, las libertades y los derechos de los ciudadanos desde la formación, el pensamiento crítico y la creación colectiva.

Comunicado del DIE-UD a la opinión pública