La triada infancia, juventud y derechos humanos es un núcleo estratégico asociado a las nociones de progreso y desarrollo, propio de las sociedades occidentales, que en los últimos años ha ocupado un lugar considerable en las agendas de la política pública en varios países de América Latina y el Caribe. La motivación social derivada de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) y de los lineamientos procedentes de la Organización de Naciones Unidas, al declarar 1985 como año internacional de la juventud ha hecho que se produzcan poderosos dispositivos institucionales con miras a garantizar protección, cuidado y escolarización en el caso de los niños y niñas, así como formas de participación, educación e incorporación en proyectos productivos en el caso de los jóvenes.

La sociedad colombiana no ha estado ajena a la producción de discursos y prácticas de intervención que se ligan a este núcleo constitutivo del orden social. Particularmente, el país ingresa en la década del ochenta en el ranking mundial de las sociedades que toleran y legitiman los peores tratos hacia los niños, niñas y jóvenes, especialmente, bajo las condiciones que configuraban su incorporación a las actividades militares del conflicto armado, su participación en el sicariato, práctica legendaria para delimitar las relaciones de poder entre los carteles del narcotráfico, pero también, en relación con la ausencia de condiciones mínimas para garantizar la vida de estos sujetos. Así, problemas como la desnutrición, la baja cobertura educativa, el abandono, el maltrato y la falta de oportunidades, entre otros fenómenos, se convirtieron en las principales expresiones del fracaso del Estado en materia de política social y la evidencia de un complejo panorama en el que la constitución de un orden social difuso, atravesado por violencia, desarraigo y marginalidad, acompañaban la gestión de la vida de estos sujetos.