Como estudiantes del Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, también como profesores e investigadores apasionados por nuestra profesión, tras los hechos ocurridos en la últimas semanas, RECHAZAMOS:
- Los hechos de corrupción y de despilfarro del presupuesto de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas -UD-. Consideramos que producto de la Ley 30 de 1992 y de la paulatina asfixia presupuestal a la que son sometidas las Instituciones de Educación Superior, la venta de servicios se ha convertido en la opción que tienen las Universidades Públicas para su funcionamiento, circunstancias que se han aprovechado para la politiquería y la corrupción. Nos sentimos INDIGNADOS ante la falta de ética de los funcionarios públicos implicados en el robo de cerca de 11 mil millones de pesos.
- Los abusos de la Fuerza Pública, específicamente, del ESMAD durante las protestas de los estudiantes en contra de los hechos de corrupción. El actuar desmedido del ESMAD generó caos, heridos y detenidos en las protestas de los días 23, 24 y 26 de septiembre de 2019, así mismo ha conllevado a la estigmatización de la comunidad universitaria por parte de algunos medios de comunicación.
Por lo anterior, frente a la urgencia del desmonte de la corrupción de la Universidad Distrital y el derecho a la protesta, EXIGIMOS:
- La desvinculación laboral inmediata de la UD de las personas que cometieron actos de corrupción, según el debido proceso ante la ley.
- Que las personas involucradas en los actos de corrupción DEVUELVAN los dineros robados en su TOTALIDAD, representados en bienes adquiridos con dineros públicos, e independientemente de los acuerdos a los que lleguen con la ley, REPAREN también los daños morales provocados a nuestra comunidad académica mediante un acto simbólico. La corrupción debe tener una sanción social máxime cuando quienes cometen este atentado lo hacen contra la educación pública.
- Que las Directivas de la Universidad Distrital y el Consejo Superior Universitario convoquen la Constituyente Universitaria, que permita la democratización y transparencia en los procesos que se adelantan en nuestra Universidad.
- GARANTÍAS PARA EJERCER EL DERECHO A LA PROTESTA. Resaltamos el acompañamiento de otras universidades públicas y privadas en este ejercicio de protesta social en contra de la corrupción y la violencia desmedida por parte del ESMAD, esto demuestra una vez más la necesidad e importancia de continuar la articulación de estudiantes y profesores; no solo como rechazo a los presuntos actos de corrupción sino para dar continuidad a discusiones que redunden en el mejoramiento del sistema educativo colombiano que evidentemente está en crisis; por lo que el Estado a través de sus instituciones, debe garantizar ese derecho.
¡La protesta social es un derecho!
¡Luchamos por una universidad libre de corrupción!
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Redes Sociales DIE-UD